Biodiversidad en Chile bajo la lupa de la OCDE

El pasado jueves 21 de julio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó la segunda evaluación de desempeño ambiental para Chile, correspondiente al período 2005-2015. La primera de estas evaluaciones, correspondiente al período 1990-2004, fue publicada en 2005 y sus recomendaciones impulsaron una profunda reforma a la institucionalidad ambiental que dio lugar a la creación del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental.

Esa ha sido la mayor reforma ambiental en Chile desde la promulgación de la Ley General de Bases del Medio Ambiente en 1994. Es importante tener en cuenta esto para entender la importancia de tales reportes.

En estas evaluaciones de desempeño OCDE, la institucionalidad y políticas ambientales de un país miembro, así como el progreso en el cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental, son sometidos a un pormenorizado análisis de carácter comprensivo, realizado por profesionales experimentados y con una perspectiva global, quienes luego formulan recomendaciones específicas.

Uno de los aspectos más relevantes de la evaluación 2016 es en materia de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, sobre las cuales esta evaluación OCDE, al igual como ocurrió en 2005, nuevamente levantó una importante cantidad de puntos críticos y una lista de recomendaciones.

Aquí, una síntesis de los principales puntos de este informe en materia de biodiversidad, con el foco especialmente puesto en la situación de nuestros bosques nativos:

Fuertes presiones sobre la biodiversidad

La explotación de los recursos naturales es el principal motor de crecimiento en Chile, lo que implica significativas presiones para el medio ambiente, dentro de las cuales la pérdida de biodiversidad, así como la sobreexplotación de los recursos hídricos y la contaminación del aire, el agua y el suelo figuran como las principales.

En materia de biodiversidad la principal de las presiones es causada por el cambio de uso de la tierra asociado a la expansión de las plantaciones forestales, la expansión de las actividades agrícolas, el desarrollo de proyectos industriales y el desarrollo urbano. Los incendios, la tala ilegal de bosque, las especies exóticas invasoras y el estrés climático contribuyen a exacerbar estas presiones.

Desde 1974 hasta 2012, el Decreto Ley 701 reguló el otorgamiento de incentivos a la actividad forestal por medio de bonificaciones y beneficios tributarios para las plantaciones forestales, lo que ha resultado en una fuerte expansión de plantaciones de especies exóticas de rápido crecimiento como el Pinus radiata y el Eucalyptus spp., principalmente en el área ubicada entre las regiones del Maule y La Araucanía, a costa de altísimos niveles de degradación de los bosques nativos. El 31 de diciembre de 2012, expiró la vigencia de dicho sistema de incentivos y recientemente el Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de la nueva Ley de Fomento Forestal.[/cita]

La situación del bosque nativo en Chile es en extremo preocupante, en especial la de los bosques Valdivianos, el matorral chileno, los bosques primarios costeros y los bosques de la Puna andina. A tal punto dramática es la situación, que la evaluación nos advierte que “si persiste el actual ritmo de deforestación fuera de las áreas protegidas, los bosques Valdivianos desaparecerán en los próximos 20 años (Hogan 2013) y que de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente “anualmente se pierde entre el 3,5% y el 4,5% de cubierta forestal nativa” (MMA 2014).

Debilidades en materia de gobernanza ambiental

Las debilidades de gobernanza en materia de biodiversidad son múltiples y profundas. Al ya crónico retraso en la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el cual figuraba entre los compromisos asumidos por Chile con posterioridad a la primera Evaluación OCDE en 2005, se suman una extremada centralización, complejidad y fragmentación del sistema regulatorio que rigen la biodiversidad.

Como consecuencia de lo anterior, cada institución se concentra en su propio mandato, razón por la cual, de acuerdo a la presente evaluación, “resulta difícil elaborar una política de diversidad biológica congruente e integral que aborde las disyuntivas entre la gestión hídrica, el desarrollo urbano y de la infraestructura, y las políticas sectoriales”.

Escasez de presupuesto ambiental y la dura realidad de las áreas protegidas

La reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010 triplicó las asignaciones presupuestarias de las autoridades ambientales, sin embargo, el nivel de financiamiento en Chile sigue estando considerablemente por debajo de otros países de Latinoamérica y aún está lejos de ser suficiente para lograr sus objetivos.

Si bien la biodiversidad concentró el mayor porcentaje de los gastos en materia de protección ambiental en 2012, equivalente a un 28% del total del presupuesto ambiental, los fondos asignados a las áreas protegidas aún se encuentran entre los más bajos de Sudamérica, muy por debajo de Costa Rica, Argentina, Uruguay, México, Colombia y Brasil.

Según el Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, “los presupuestos para las áreas protegidas solo permiten realizar actividades de gestión básica y limitan gravemente la posibilidad de llevar adelante una administración eficaz” (MMA 2014), y se advierte que probablemente Chile no llegue a contar con planes de administración y gestión operacionales en todas las áreas protegidas sino hasta el año 2050.

Similar es la situación de las iniciativas privadas de conservación, las que por regla general tienen un presupuesto sumamente limitado y tampoco contemplan planes de gestión en todos los casos.

Falta de información acerca del estado y las tendencias de la biodiversidad

Durante los últimos años, Chile ha avanzado considerablemente en el registro y conocimiento del estado de la biodiversidad y sus principales amenazas, sin embargo, importantes vacíos de información sobre el estado de conservación de los ecosistemas y las especies persisten.

Al respecto, es posible observar que la fragmentación y falta de sistematización en el levantamiento y tratamiento de información existentes se corresponden en buena medida con la propia fragmentación del sistema regulatorio. En este sentido, es posible advertir, por ejemplo, que una parte importante de la información ambiental que se levanta, se efectúa en el seno del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a propósito de la evaluación de proyectos o actividades industriales en particular y del resultado de sus sistemas de seguimiento, sin existir un tratamiento integrado y comprensivo de ésta.

¿Qué estamos subsidiando?

Desde 1974 hasta 2012, el Decreto Ley 701 reguló el otorgamiento de incentivos a la actividad forestal por medio de bonificaciones y beneficios tributarios para las plantaciones forestales, lo que ha resultado en una fuerte expansión de plantaciones de especies exóticas de rápido crecimiento como el Pinus radiata y el Eucalyptus spp., principalmente en el área ubicada entre las regiones del Maule y La Araucanía, a costa de altísimos niveles de degradación de los bosques nativos. El 31 de diciembre de 2012, expiró la vigencia de dicho sistema de incentivos y recientemente el Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de la nueva Ley de Fomento Forestal.

En los últimos años, mediante modificaciones al Decreto Ley 701 y la promulgación de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal en 2008, el sistema de bonificaciones amplió su foco hacia la preservación de los bosques nativos y el apoyo a cobeneficios tales como el secuestro de carbono. Sin embargo, la presente evaluación sugiere que es cuestionable si estos sistemas de subsidios han sido efectivamente beneficiosos para la protección de la biodiversidad.

Por una parte, según ha señalado CONAF, el monto de los subsidios otorgados a bosques nativos es muy inferior a aquellos destinados a la plantación de especies exóticas, por lo que no se estarían generando incentivos que realmente motiven la plantación de bosque nativo (CONAF 2013). Por otra parte, se menciona que es posible que los subsidios a la forestación enfocados en contribuir a incrementar la capacidad de secuestro de carbono, hayan fomentado la substitución de los bosques nativos por plantaciones de especies exóticas.

Principales recomendaciones en materia de biodiversidad

La evaluación efectúa una serie de recomendaciones dentro de las cuales destaca, en primer lugar, la importancia crucial de aprobar la creación del SBAP y acelerar su implementación, garantizando que dicho servicio cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para ejercer su función.

Asimismo es importante que dicha reforma institucional conduzca a la implementación de un sistema de gestión y regulación en materia de biodiversidad, que sea capaz de superar la actual fragmentación y que integre los objetivos de conservación de la biodiversidad, tanto en la planificación territorial como en las políticas sectoriales.

Por otra parte, es necesario avanzar en el desarrollo de una estrategia de fomento de iniciativas privadas de conservación, para lo cual se recomienda la creación de un sistema de incentivos adecuados y la contribución por parte del Estado al financiamiento de planes de gestión y actividades de protección.

En relación con las deficiencias de información, se hace hincapié en la necesidad de “crear una base de conocimientos sobre el estado y las tendencias de la diversidad biológica, que incluya una clasificación de las especies y una evaluación del estado de los ecosistemas”.

Finalmente, en materia de subsidios, la evaluación es clara en señalar la necesidad de “revisar los incentivos a la reforestación y la protección de los bosques nativos, y evaluar minuciosamente los costos, los beneficios y las compensaciones recíprocas entre el secuestro de carbono y los objetivos relativos a la diversidad biológica”.

En suma, lamentablemente el diagnóstico recibido no es bueno y consecuentemente las soluciones adecuadas representan importantes desafíos a nivel país que es preciso tomar seriamente y sin mayores dilaciones. Ahora es importante trabajar colectivamente para que, tal como ocurrió con la evaluación OCDE del año 2005, la recientemente publicada evaluación sea capaz de impulsar prontamente las necesarias reformas institucionales y legales que hagan posible una adecuada protección de nuestra enorme y valiosa biodiversidad.